¿Problemas con la declaración de la renta?

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viernes, 23 de octubre de 2015

Deduccion de alquiler y falta de depósito de la fianza


Estamos recibiendo numerosas consultas a raíz de las revisiones de las declaraciones de la renta que la Agencia Tributaria está realizando sobre las deducciones por alquiler de vivienda habitual en la declaración del Impuesto sobre la Renta, en su tramo autonómico, y en concreto, en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Esta deducción está prevista en la Ley 13/1997 de 23 de diciembre de la Comunidad Valenciana, que establece la deducción por arrendamiento de la vivienda habitual sobre las cantidades satisfechas en el periodo impositivo del 15 por 100, con el límite de 459 euros, con carácter general. Y del 20 por 100, con el límite de 612 euros, si el arrendatario tiene una edad igual o inferior a 35 años. Igualmente el mismo porcentaje de deducción es aplicable, con idéntico límite, si el arrendatario es discapacitado físico o sensorial, con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, o psíquico, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. Y por último, del 25 por 100, con el límite de 765 euros, si el arrendatario tiene una edad igual o menor de 35 años y, además, es discapacitado físico o sensorial, con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, o psíquico, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.

Los requisitos para el disfrute de esta deducción es que se trate del arrendamiento de la vivienda habitual del contribuyente, y que la duración del contrato sea igual o superior a un año.

Además de esto, también se exige que la base imponible no supere cierta cantidad, y que durante al menos la mitad del periodo impositivo, que ni el contribuyente ni ninguno de los miembros de su unidad familiar sean titulares, de otra vivienda distante a menos de 100 kilómetros de la vivienda arrendada. O tengan derecho por el mismo período impositivo a deducción por inversión en vivienda habitual, con excepción de la correspondiente a las cantidades depositadas en cuentas vivienda.

Y por último, el requisito más polémico, y el que está generando mayor número de incidencias, es la exigencia de que se haya depositado la fianza en el Registro de Fianzas de la Generalitat.

Sin embargo, dado que es una práctica muy extendida no efectuar este depósito, en muchas ocasiones por franco desconocimiento cuando los alquileres se conciertan entre particulares, esto está generando las temidas revisiones de las declaraciones fiscales mediante lo que se conoce como declaraciones “paralelas” o “complementarias”, y que la Agencia Tributaria reclame la devolución de las cantidades percibidas por los sufridos inquilinos en la devolución del impuesto sobre la renta en base a las cantidades deducidas indebidamente.

Esta exigencia del depósito de la fianza para poder practicar la deducción, fue objeto del Dictamen número 447/2001 del Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana de 18 de octubre de 2001, que ya advirtió que es injusta la actual redacción, puesto que esta obligación de depositar la fianza a disposición de la Generalitat Valenciana se impone al arrendador (el propietario) y no al arrendatario (el inquilino), y concluye que no debería exigirse este requisito dado que la posibilidad de que el arrendatario disfrute de la deducción prevista, se condiciona al cumplimiento de una obligación legal que no se le impone a él, sino al arrendador.

Por lo que concluía que el incumplimiento del arrendador que no deposita el importe de la fianza que previamente se le ha entregado, no debe perjudicar al arrendatario que, habiendo cumplido sus obligaciones, quiere beneficiarse de la deducción.

Ante esta situación, recomendamos a todos los inquilinos que, antes de proceder a practicarse la deducción por alquiler en el tramo autonómico se dirijan al arrendador para que les confirme si ha realizado o no el depósito de la fianza. Y en caso de no obtener respuesta, puede solicitarlo por escrito mediante una instancia general, y una fotocopia del contrato de arrendamiento y una fotocopia NIF de la persona que lo solicita, a la Consellería de Hacienda y Administración Pública, Dirección General de Tributos y Juego, en las Delegaciones Territoriales de Valencia, Castellón y Alicante.

Por último, en caso de que comprobásemos que no se ha depositado la fianza, pero aún así quisiéramos disfrutar de la deducción, la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, en su artículo 27 sobre “Registro de Fianzas de Arrendamientos Urbanos”, prevé la posibilidad de que se pida la inscripción de la fianza por cualquiera de los contratantes, es decir, tanto por el arrendador como por el arrendatario.

En estos casos, si al firmar el contrato de alquiler se había entregado el importe de la fianza al arrendador, habrá que solicitar de éste que al menos realice el ingreso bancario, y si persiste en su negativa, nos veremos obligados realizar nosotros el ingreso, es decir suplir por nuestra parte la negligencia del arrendador, lo que nos permitirá posteriormente reclamárselo, pero al menos nos aseguraremos de que la deducción está bien realizada, y que Hacienda no va a tener argumentos para revisar nuestra declaración.


A este respecto tenemos que manifestar que es mucho más coherente y beneficiosa para el arrendatario la normativa de la Comunidad de Madrid, que en estos casos de resistencia del arrendador, permite practicar la deducción sin efectuar el depósito, previa denuncia del arrendatario ante los servicios correspondientes de la Comunidad Autónoma exponiendo la situación.

miércoles, 5 de marzo de 2014

Cómo reclamar el céntimo sanitario


La Sentencia de 27 de febrero de 2014 del Tribunal de Justicia de la UE, declara no conforme a la Directiva de 25 de febrero de 1.992, el impuesto sobre hidrocarburos conocido como "céntimo sanitario", ya que no puede considerarse que tal impuesto persiga una finalidad específica que garantice la salud y el medio ambiente.
Considera asímismo, que el Gobierno de España y la Generalitat de Caatalunya no actuaron de buena fe, por lo que acuerda no limitar en el tiempo sus efectos, pues ya en mayo de 2008 la Comisión Europea emitió un dictamen concluyendo que el impuesto no se ajustaba a la normativa comunitaria.
Es un hecho que el precio de los combustibles cada vez se ha ido gravando con más impuestos, pues al Impuesto Especial Sobre Hidrocarburos vigente desde los años 90, en 2.001 se añadió otro más, el que ha suscitado la controversia, el Impuesto Sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, entrando en vigor el 1 de enero de 2.002, condicionado a la financiación de gastos sanitarios y medioambientales Por otra parte los biocombustibles inicialmente exentos, quedan sujetos y no exentos al I.H. desde enero de 2.013, lo cual no deja de presentar un cierto contrasentido.
Por otro lado, desde el 28 de diciembre de 2.012 el Impuesto sobre la Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) se suprimió, pero quedó integrado en en el Impuesto sobre los Hidrocarburos (IH), por lo que el efecto impositivo es el mismo, aunque se haya simplificado la gestión.



En la actualidad, nos encontramos que el Impuesto Sobre Hidrocarburos tiene tres tipos impositivos, el IH propiamente dicho, el IH incorporado del IVMDH parte estatal, y el IH incorporado del IVMDH parte autonómica.



Conclusiones:


Se abre ahora la posibilidad de que los contribuyentes inicien un procedimiento de devolución de ingresos indebidos. Si bien depende de la posibilidad de demostrar que el pago del impuesto efectivamente se realizó y que el plazo de cuatro años para solicitar la devolución no haya prescrito.
Falta por dilucidar a quién corresponderá hacer frente a las devoluciones que se susciten por los ciudadanos, pues aunque se trataba de un tributo estatal, sus rendimientos fueron percibidos por las comunidades autónomas, por lo que a la hora de determinar el régimen de competencias se adivina el peregrinaje entre administraciones a que van a someter al ciudadano, en un clima en el que las Administraciones implicadas intentan desentenderse del problema, por lo que sugerimos que la reclamación se inicie por una doble vía, y evitar así que las cuestiones negativas de competencia nos afecten, o al menos se minimicen sus efectos.

viernes, 12 de abril de 2013

Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero



La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, entre otras medidas que adopta, ordena la obligación de presentar una declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero.


¿Quiénes están obligados a presentar esta declaración?

Son sujetos obligados a presentar esta declaración informativa, entre otros, las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español.
La obligación de información se extiende a quienes tengan la consideración de titulares reales.


¿Qué bienes hay que declarar?

La obligación de informar a la Administración Tributaria sobre determinados bienes y derechos situados en el extranjero, recae en los siguientes bienes y derechos:

  • Cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sea titular o beneficiario o en las que se figure como autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición.

  • Títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades de los que sea titular y que se encuentren depositados o situados en el extranjero.

  • Títulos representativos de la cesión a terceros de capitales propios de los que sea titular y que se encuentren depositados o situados en el extranjero.

  • Seguros de vida o invalidez de los que sea tomador y rentas vitalicias o temporales de las que el contribuyente sea beneficiario como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero.

  • Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero.



¿Es necesario declarar todo?

No hay obligación de declarar los bienes en el extranjero, cuando no se supere el valor de 50.000.-€ por cada bien o derecho.



¿Cuándo hay que hacer la declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero?

En la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, (BOE 31-Enero-2013), se aprueba el modelo 720 de declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero y se determina el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación.

La presentación del modelo 720, se realizará entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar. No obstante la presentación correspondiente al ejercicio 2012 se realizará entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2013.


¿Dónde presentar la declaración modelo 720?

Se presentará obligatoriamente por Internet con certificado de firma electrónica.


¿Qué pasa si no la presento?

El contribuyente que incumpla con la presentación del Modelo 720, puede llegar a soportar una sanción de hasta el 150% del valor de los bienes ocultados en el extranjero.

Se le podrá imputar íntegramente el valor de ese bien como ganancia patrimonial en el IRPF, como ganancias de patrimonio no justificadas, respecto de los bienes de los que no se haya cumplido en plazo la obligación de información.

sábado, 6 de abril de 2013

Declaración de la Renta 2012

Según informa la Agencia Tributaria española, a partir del 02-04-2013 comienza la campaña para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) y Patrimonio de 2.012:

  • Puede obtener el número de referencia del Borrador y/o Datos fiscales por Internet del 2 de abril al 1 de julio (las 24 h).
  • Para la confirmación el borrador por Internet, puede llamar al teléfono automatizado 901 12 12 24 o por SMS, del 2 de abril al 1 de julio (las 24 h).
  • La confirmación del borrador por teléfono, en el 901 200 345, del 2 de abril al 1 de julio (de Lunes a Viernes, de 9 a 21 h).
  • Modificación del borrador por  Internet del 2 de abril al 1 de julio (24 h).
  • Modificación del borrador por teléfono en el 901 200 345, del 2 de abril al 1 de julio (de Lunes a Viernes, de 9 a 21 h).
  • Desde el 10-04-2013  estará disponible la descarga gratuita del Programa PADRE por Internet.
  • A partir del 24-04-2013  se inicia la presentación telematica declaraciones (PADRE), hasta el al 1 de julio (las 24h).
  • Las declaraciones no telemáticas (en papel) de Renta 2012 y Patrimonio 2012 se pueden presentar en  Bancos y otras Entidades Financieras desde el 6 de mayo al 1 de julio.
  • El inicio del servicio de petición de Cita Previa para confección de declaraciones y modificación de borradores, bien por Internet (24h) o llamando al 901 12 12 24 (24h) o al 901 22 33 44 (de Lunes a Viernes de 9 a 19h), del 6 de mayo al 28 de junio.
  • El inicio del servicio de confección de declaraciones y modificación de borradores en oficinas de la Agencia Tributaria y de otras administraciones (CCAA y CCLL) que colaboran en la prestación del servicio, PREVIA CITA es del 13 de mayo al 1 de julio.
  • El 26-06-2013 es la fecha límite para efectuar la declaración con domiciliación bancaria.
  • El 28-06-2013  es el Último día para solicitar Cita previa para atención en oficinas de la Agencia Tributaria.
  • El 01-07-2013 es el último día para presentar Declaraciones de Renta 2012 y de Patrimonio 2012.
  • El Servicio telefónico de información tributaria de RENTA, 901 33 55 33 (de Lunes a Viernes, de 9 a 19h; este servicio permanece todo el año).



jueves, 7 de marzo de 2013

Salarios en negro



¿solución o amenaza?

Pagar media jornada en dinero negro

Últimamente a raíz de un caso muy conocido en prensa, está siendo muy comentada la práctica en que incurren algunas empresas que para reducir costes por cotizaciones sociales, contratan a trabajadores a media jornada, pero les hacen trabajar la jornada completa y les pagan la diferencia con dinero no declarado, considerando que de esta forma se ahorra una parte de los seguros sociales. Práctica que desde aquí firmemente desaconsejamos.

En primer lugar, porque que se trata de una actuación manifiestamente ilegal, la cual, de demostrarse su uso generalizado, podría ser considerada como un delito contra los derechos de los trabajadores, y del que ahora puede también responder penalmente la empresa, además del administrador o consejo de administración, y que en los casos más leves, sin duda acabará con sanciones por parte de la Inspección de Trabajo, por lo que el supuesto “ahorro” no sólo saldría caro para el bolsillo y el buen nombre de nuestra empresa, sino que incluso compromete su viabilidad.

Y lo más triste es que desde el punto de vista fiscal tampoco la empresa se estaría ahorrando nada. Pues aunque la empresa presente pérdidas, y por el momento no pague Impuesto sobre Sociedades, debe tenerse en cuenta que las pérdidas actuales pueden compensarse con los beneficios futuros, por lo que, aunque declarar ahora los salarios y las cotizaciones generará un incremento de pérdidas, éstas supondrán un importante ahorro más adelante, cuando la empresa vuelva a presentar beneficios.

Y no sólo eso, sino que contratar trabajadores a tiempo parcial impedirá aplicar bonificaciones a la cotización por la contratación a tiempo completo.

Tampoco se ahorrará en indemnizaciones por despido, puesto que en dicho caso, si el trabajador demuestra que le pagaban en negro, el juez condenará al pago de la indemnización por despido calculada sobre el salario real, y no sobre el simulado.

En definitiva, consideramos que pagar “en negro” al final sale más caro que declararlo todo –aún sin la presencia de sanciones–, ya que pagar menos por las cotizaciones sociales queda contrarrestado por unos menores costes declarados en el Impuesto sobre Sociedades, y la pérdida de un ahorro fiscal importante. Por no hablar de la merma en la consideración debida por el resto de intervinientes, lo que redunda a la larga en una erosión de la imagen de la empresa y en una menor productividad de nuestros empleados, además de todas las complicaciones, incluso de orden penal, que dicha práctica nos puede acarrear.

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